El más reciente episodio de presunta corrupción, tráfico de influencias y despojos operados al amparo de la cúpula del Poder Ejecutivo de Nuevo León, en perjuicio de varios grupos de ejidatarios del desértico municipio de Mina, NL, rezuma un catálogo de inequidades en perjuicio de quienes debían ser mandantes de ese poder. Pone también de relieve lo que pudo haberse tramado en Burgos, zona incomparablemente más rica en el subsuelo, y más apetecible en el contexto de la reforma energética, que el polvoroso Mina cuyo talismán para la codicia presumiblemente fue tan sólo el plan de construcción de un nuevo penal.
Suman miles las hectáreas en ese desértico municipio nuevoleonés, arrebatadas a precios irrisorios con malas artes a sus legales propietarios, y a quienes en complicidad con el Tribunal Agrario del distrito 20, con argucias obligaron a firmar contratos para ceder sus propiedades, o simplemente fueron despojadas de ellas por el atrabiliario poder estatal de la casta reinante.
Los presuntos embaucadores y timadores no fueron cualquier clase de perpetradores. Están relacionados con las irregulares operaciones inmobiliarias nada menos que de familiares del actual gobernador Rodrigo Medina, cobijados por la impunidad proyectada desde la cima del poder (cuasi) virreinal de Nuevo León y su Congreso estatal.
Aprovechando la estancia en la gubernatura del señor Medina Mora, los señores Humberto Medina Ainsle, y Alejandro y Humberto Medina de la Cruz, padre y hermanos del gobernador, respectivamente, se habrían beneficiado según testimonios públicos que no han sido refutados, de sucesivos contratos de compra-venta de tierras ejidales pese a que en algunos casos los titulares rehusaron vender sus terrenos, y en otros recibieron menos de los pactado.
Otro de los beneficiados en las operaciones de compra-venta, Francisco Cienfuegos, que fue funcionario de Comunicación Social de Medina Mora y actual candidato a la alcaldía del importante municipio metropolitano de Guadalupe, NL, en el 2012 durante su paso por la presidencia de la Comisión de Justicia y Seguridad del Congreso local, desechó las denuncias por despojo que interpusieron los ejidatarios afectados, y por cuanto hace a la demanda para que interviniera la dependencia federal agraria, la desestimó también con un argumento falaz, que de hecho convirtió al Congreso en cómplice y juzgador oficioso de la patraña: “Dicha acción carece de probanzas suficientes y eficientes para ser acreditada” reza el dictamen que por 38 votos a favor fue aprobado el 16 de octubre de 2012.
A diferencia del papá incómodo de Jalisco, en NL es poco probable que cunda el ejemplo de allá, del candidato a la alcaldía de Guadalajara por el partido Encuentro Social, Joaquín Rivera, quien por los delitos de fraude, corrupción y los delitos que resulten, ha denunciado al magistrado (¡!) Leonel Sandoval, padre del gobernador de aquella entidad.
En cambio, a lo más que aquí se han atrevido es a declarar un tibio “apoyo jurídico” ante el Tribunal Federal Agrario, que el candidato del PAN a la gubernatura, Felipe de Jesús Cantú, ha prometido brindar a los ejidatarios afectados.
