¿Qué exactamente comprometió el gobernador Fernando Canales, con la firma que estampó al ratificar la dación de patrimonio estatal como pago parcial de deuda pública, que promoviera Benjamín Clariond, su antecesor?
Hasta ahora hay más dudas que mínimas certezas.
La explicación que diera en días recientes, respecto de ratificar la medida por la cual céntricos inmuebles fueron a parar en dación de pago a bancos acreedores, incurre en una ironía, acaso ingenua pero no inocente.
Canales Clariond hizo propio el título de esta columna de hace un mes, y explicó que lo único que le faltó al gobernador antecedente fue ceder el Palacio de Gobierno. Una alusión al problema que refleja no sólo el cisma de proporciones que podría estarse fraguando al interior de su circulo familiar, sino también el tamaño de la presión que siente a partir de las revelaciones que se han venido sucediendo, desde que el asunto ya no se pudo contener “en familia”.
En ese sentido, la expresión de Canales Clariond vendría a ser un intento de lavarse las manos, de cara a una opinión pública indignada por lo que supone fue el negociazo inmobiliario del siglo.
Uno que muchos afirman, hará palidecer el presunto peculado del ex tesorero Doria. En comparación a lo que representó el usufructo de estos bienes inmuebles propiedad del estado, el efectivo que Doria logró era moralla apenas, la caja chica de la guantera del auto para chicles y propinas.
Pero no era ajeno el actual gobernador, por lo menos en conocimiento, al cúmulo de irregularidades que se cometieron en el periodo de Benjamín Clariond. De hecho, alguno de sus primeros actos de gobierno, consistió en esta ratificación del decreto de la medida tomada por su primo. Fernando Canales la justifica con una razón endeble: estaba obligado por ley a firmarlo, “sólo era una ratificación”.
Al anterior argumento cabe simplemente oponer la lógica ¿para qué entonces sirve una ratificación si ésta se debe dar, según la cuestionable interpretación del gobernador, obligatoriamente por ley?
Por el contrario, hasta en sentido común una ratificación se entiende está sujeta precisamente a la corroboración de los elementos de una operación, para asegurarse las partes que intervinieron en ella, su plena conformidad. Esta fue la parte ausente, que si se quiere conceder el beneficio de la duda podría decirse se dio posiblemente por omisión, del actual gobernador.
Es difícil sin embargo sostener tanto candor. Se dice que una de las vertientes del problema político-financiero que mantiene a Manuel Silos, ex rector de la UANL, es precisamente haberse opuesto a ciertos oscuros convenios con unos terrenos que codiciaba una poderosa empresa de prosapia regiomontana. Ahora que se empieza a ventilar cómo fue que IMSA (en la que figuran como accionistas algunos Clariond) acabó haciéndose de 144 mil metros cuadrados de unos de esos terrenos cedidos a los bancos, a precios mucho más bajos que los avalúos catastrales, las pestañas de muchos se empiezan a arquear.
Y no es para menos. Las irregularidades que apenas comienzan a aflorar son inauditas.
El Secretario General de Gobierno, José Luis Coiendrau, ya de regreso de Sudáfrica, Asia y Medio Oriente a donde viajó para importar a Nuevo León sistemas anticorrupción, tal vez con los conocimientos allá adquiridos, de un plumazo acaba presumiblemente de marcar la línea que se seguirá en este asunto: las daciones de bienes inmuebles -ha dicho- se hicieron “a la ligera” y “con muchísimos errores” pero sin “mala intención”, no obstante que hubo casos en los que, incluso, se cedieron terrenos que ni siquiera eran propiedad del estado.
No obstante la gravedad de lo anterior, el señor Coiendrau señala que no ha “detectado” que tales hechos “representen un ilícito”.
Por el contrario, más perspicaz, el presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso local, ha debido revelar que la actual legislatura considera una posible “triangulación” entre las instituciones bancarias y el gobierno estatal. Y más: “en las daciones hay muchas cosas que investigar, se incumplió el requisito de reunir tres avalúos… en el caso del Patio Fiscal (el inmueble que fue a dar a manos de IMSA) quien se lo adjudicó es Serfín pero lo vendió Banorte…” . El mismo diputado Julián Hernández ha declarado que las cuentas nomás “no salen”. Es decir priva una falta absoluta de certidumbre en la operación que ratificó Canales Clariond.
No se sabe exactamente qué predios fueron a parar a manos de qué acreedores y en qué condiciones, a cambio de qué deudas, por cuáles montos y cómo se arribó a estos cálculos.
Sí se sabe en cambio que uno de esos terrenos, subvaluadísimo unilateralmente por una institución financiera que se lo adjudicó, fue a dar a manos de otra quién sabe por qué artes y luego finalmente a la buchaca de la empresa del ex gobernador, en la cual también por coincidencia es accionista el actual.
Pero el Secretario General de Gobierno, no ve en ello ninguna anomalía. Ni responsabilidades que deslindar. Tal vez sea que los sistemas sudafricanos no estén calibrados todavía para detectar con la perspicacia mexicana, dónde “hay gato encerrado”.
En la privatización de la política, el empresariado que actualmente la lleva a cabo, supone que a la usanza de lo que hace un presidente de un consejo de administración, en el ámbito público también no hay más chicharrones que los que truenan.
Lamentablemente, y ahí está el caso Doria para probarlo, las investigaciones no llegarán tan arriba, La Comisión de Hacienda del Congreso, que se cura en salud pero no agarra ni una gripa (tiene cuentas públicas de 1997 en “revisión”), demorará lo suficiente -recursos sobran- hasta que el asunto se enfríe en la opinión pública.
Para entonces bastará un chivo expiatorio. Algunos diputados panistas, ligados a la actual administración, ya lo han empezado a mencionar: los integrantes de la Comisión responsables de la integridad del expediente de dación en pago de los inmuebles referidos.
