A Mauricio Fernández, ex alcalde de San Pedro y candidato a gobernar ese municipio nuevamente, lo persiguen como fantasmas sucesos que lo impregnan de suspicacias ciudadanas. Desde la conformación de aquel difuso grupo parapolicial que denominó Rudo, sus estrategias de legalidad dudosa en torno a políticas de seguridad pública, lo han dejado marcado con el indeleble aroma de presuntos tratos con el narco, hayan sido reales o virtuales.
En su trayectoria política, las relaciones sospechosas con eventos que han estado asociados al crimen organizado menudean y han sido motivo de polémica pública. La más reciente la reveló Bernardo Bichara, ex secretario del Ayuntamiento sampetrino, y actual candidato de la Alianza por tu Seguridad para gobernar la alcaldía de San Pedro.
De cara al revuelo que causaron las revelaciones sobre cuatro policías sampetrinos imputados en vínculos con la delincuencia organizada, que luego fueron colocados en otros puestos por Mauricio Fernández, Bernardo Bichara dijo que no fueron solamente cuatro, sino muchos más, ciento veinte para ser exactos fueron los policías sometidos a proceso por cargos de colusión con el crimen organizado reinstalados en otras áreas de la nómina municipal.
La supuesta generosidad y benevolencia mauriciana para proteger y becar a policías marcados, Fernández la justifica con el dudoso argumento que era la única forma de mantener a esos elementos alejados de la delincuencia.
Obviamente esa tendencia inevitable la determinó él mismo, en la tautología de mi palabra es la ley y basta con ella. Pero si ya eran propensos a irse con el crimen organizado ¿qué sentido tuvo haberlos retenido en nómina?
El criterio personal de Mauricio Fernández fue lo que contó para que siguieran cobrando los policías sujetos a proceso bajo otra premisa también cuestionable: que según Mauricio habría sido una cargada del procurador medinista de NL, la que habría arrancado confesiones bajo tortura a todos los 120 policías. El ex alcalde, sin embargo, en su momento no interpuso denuncia alguna siendo él, como supuestamente dice que es, tan celoso de la presunción de inocencia de sus policías.
De manera independiente a la veracidad de su aserto, salta a la vista en la reprobación masiva, la falta de seguimiento de protocolos institucionales en la contingencia, y el hecho nada faculta a velar de esa forma por la conducta personal de los burócratas en la coyuntura referida.
Extraña sobremanera por ello, el celo de Mauricio Fernández para brindarles la permanencia de un salario, su protección y ayuda en la circunstancia de no aprobar las pruebas de confianza de rigor. Suficiente para levantar las cejas de más de un ciudadano.
Ahora Fernández en otro de sus desplantes típicos, hace valer su criterio personal como sello de un juicio infalible. Según él “…en San Pedro a los policías que no pasaron el examen de confianza los reasignamos porque tampoco es prueba de que pertenecen a una organización criminal”.
En su habitual confusión argumentativa, Mauricio tergiversa la finalidad de los exámenes de confianza la cual, no es probar inequívocamente que los sustentantes pertenecen al crimen organizado o no, cuestión que, por otra parte, ningún examen en el mundo podría certificar.
