El régimen estatal panista y por lo menos dos municipales (Monterrey y San Pedro), así como el propio Congreso local, atraviesan por diferentes procesos jurídicos en los que la legalidad de algunas de sus acciones ha sido puesta en tela de juicio, cuando no francamente señalada como contraviniente de la Ley.
Es tan diversa y prolífica la gama de señalamientos que al respecto se hacen a estas autoridades de reciente cuño, que cabe preguntarse si no se está en presencia de una marca de origen, una donde al panismo en Nuevo León la estricta observancia de la Ley le viniese como prenda holgada.
Ello ha motivado, al menos en dos de esos eventos, que incluso funcionarios de la propia administración denuncien las irregularidades y, que por lo menos en un caso, haya motivado la renuncia al puesto por parte de un denunciante. Este fue el director jurídico del ayuntamiento de Monterrey, que preside el cuestionado alcalde Jesús Ma. Elizondo.
En protesta por lo que consideró una acción atropellada que Elizondo ordenó en contra de comerciantes aposentados en el Mesón Estrella, decidió de plano dejar la chamba.
El titular del departamento jurídico presentó su renuncia al alcalde luego que éste pasó por alto su opinión en el sentido de oponerse rotundamente a una acción semejante de desalojo, sin agotar antes las instancias legales pertinentes.
Nada de ello fue ajeno a los ojos del munícipe Elizondo. “¿Está segura que, como quiera, no pasa nada si actúo de inmediato?” relatan que preguntó a una de sus asesoras. Ante la respuesta afirmativa y por encima de la opinión de su director jurídico (que es decir por encima de la observancia estricta de los ordenamientos que éste le señalaba se podían infringir) Elizondo ordenó el desalojo.
Otro asunto es el que acaba de explotarle en las manos a la alcaldesa, también de extracción panista, Tere García. Está en curso una orden de aprehensión en contra del arquitecto Ortíz-Durán su director de Desarrollo Urbano de la administración municipal que preside en San Pedro.
El juez séptimo de distrito la ordenó, al considerar que éste violó un amparo concedido a una inmobiliaria que construía sus oficinas en la colonia Del Valle.
Pasando presuntamente por encima de tal ordenamiento judicial, la dependencia a cargo de Ortiz-Durán clausuró dichas oficinas utilizando el subterfugio de una licencia de construcción que consideró vencida, con lo que provocó un litigio que ahora la autoridad judicial resuelve de esta manera.
Para evitar la aprehensión, el funcionario ha pasado a la clandestinidad y se presume anda a salto de mata, pues desde hace quince días no se reporta al despacho de las oficinas a su cargo, y en su propio domicilio así lo admiten quienes dan razón de su paradero, ahora desconocido.
Lejos de mostrar la aveniencia al menos formal que el fallo demanda, la alcaldesa Tere García a despecho de la investidura de su puesto, atravesó sobre la opinión pública la influencia que pudiesen tener sus palabras. “No puedo pensar más que es una fuerte presión por parte de los inversionistas de Bamargo (la inmobiliaria afectada) en los mismos juzgados, precisamente para que actúen en esta forma, para que concedan revocaciones que no corresponden”.
De esta manera la alcaldesa, súbita jurista, no sólo considera que la revocación “no corresponde”, sino que con una temeridad sobrada ha puesto en entredicho la integridad misma del poder judicial al denunciar que los juzgados están obedeciendo a “presiones” de unos inversionistas.
A falta de que pruebe tan grave aserto, Tere García por lo pronto ha asumido la defensa del funcionario bajo sus órdenes, el hoy presumiblemente prófugo de la justicia, Ortíz-Durán, considerándolo inocente y manteniéndolo en su cargo como Secretario de Desarrollo Urbano.
Tal vez influya en la actitud que exhibe, el ejemplo de jactancia hacia la Ley que sus mayores -por así decirlo- le han dado en el Congreso del Estado y en la propia gubernatura y más específicamente en dependencias de tanto peso como la Secretaría General de Gobierno y la Tesorería.
En esta última, el tesorero Elizondo hasta el momento no ha dicho “esta boca es mía” a una recomendación que recién emitió su colega de gabinete, el titular de la Contraloría sobre una derivación del sonado caso Doria.
Como se sabe, el contador y otros empleados de la Tesorería en la gubernatura de Benjamín “el primo incómodo” Clariond, fueron presuntamente accesorios, por decir lo menos, al peculado que Doria cometió. Con el falaz argumento que “sólo obedecían órdenes” estos burócratas pretendieron escabullir su actuación a la justicia. Contaron para ello con los ojos vendados del propio Procurador y del actual encargado de las finanzas estatales quienes los disculparon con lenitivos absurdos, pese a confesiones explícitas en autos ministeriales.
Ahora el Contralor, en una actitud que lo enaltece, ha girado una recomendación consistente en por lo menos separar de sus puestos a estos funcionarios que todavía los ocupan y cuya probidad se ha puesto en entredicho.
En otro caso más, nada menos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo por errores procesales, dignos de párvulos, la nueva Ley Electoral del Estado. En este litigio pese a que el gobernador había empeñado toda su figura en que saldría bien librado, al final salió descompuesto y tuvo que “comerse sus palabras” como se lo demandó en revancha el líder de la fracción priísta.
El asunto es más grave aún pues hubo notorias evidencias durante el proceso, que se hicieron declaraciones falsas ante la autoridad judicial en las que, de indagarse hasta sus últimas consecuencias, habría responsabilidades muy altas en la Secretaría de Gobierno.
Y finalmente en el Congreso, luego de la pifia en la que por lo menos una parte de esa estructura de representación fue presumiblemente copartícipe de que se viniera abajo la Ley Electoral, sigue pendiente el caso del alcalde de Pesquería quien fue destituido por esta legislatura sin que -a juicio del munícipe- se preservaran las garantías constitucionales indispensables, previstas en la ley para una medida de esa naturaleza. La demanda se ventila ya también en la Suprema Corte de Justicia y pronto podría haber nuevos dolores de cabeza para los panistas.
Pero está claro que mientras para ellos, su inocencia a sus propios ojos no desmerezca, Roma y toda la jurisprudencia acumulada en el mundo desde entonces, sale sobrando.
