Para el gobierno de Fernando Canales Clariond, sea éste un año todavía del siglo XX o el primero de la tercera centuria, la gestión pública parece tener el signo inequívoco que ha permeado buena parte de su administración: la improvisación sobre la marcha a partir de las contingencias que presenta la realidad.
Si en el terreno de los fenómenos naturales es hasta cierto punto natural que así suceda (aunque en rigor la prevención y la planeación de riesgos de desastres debería ser ya una disciplina constante en las burocracias), en el ámbito de la administración, las finanzas públicas y la gestión de la política en sí, su gobuernatura no debería pasar por las sorpresas que a menudo recibe (verbigracia: los recortes federales presupuestales; las interpretaciones de ley que lo dejan descobijado y sin elencos políticos de los cuales echar mano; y el encuentro recurrente con su pasado en Abaco-Confía que a veces se le aparece vía denuncias que, desmentidas o no, lo dejan evidentemente mal parado).
Todo ello habla que tanto en lo administrativo como en lo político, la planeación no ha sido el fuerte de su gestión. Vamos ni siquiera la eficiencia empresarial de la que podría ufanarse, por haber sido funcionario de un negocio de tamaño considerable (IMSA) sale a relucir en las reacciones que exhiben tanto él como su equipo en determinadas coyunturas.
¿Qué fue -se vuelve a preguntar el respetable público- de aquella pomposa “Rebelión Nuevo León” que anunciaba un diferendo fiscal de pronósticos reservados con la Federación? ¿Para qué tanta alharaca y luego la subsecuente serie de fintas publicitarias, y amagos de separaciones que nunca se concretaron?
¿Para qué el acuerdo político que suscribió Canales con los gobernadores de oposición sobre el mismo tema del reparto fiscal, si a final de cuentas nuevamente se recurre al expediente de quejarse en los medios y hacer de ellos el muro de las lamentaciones panistas como recurso de preparación al electorado para hacer voltear las miradas hacia otro villano de la película?
Aún entre las filas propias, el equipo de Canales no parece tener los aprestos necesarios para hacer lucir una coordinación que rindiese mejores frutos políticos que los que se observan. Son proverbiales los desplantes que le ha propinado el cuestionado presidente municipal de Monterrey, pese a lo cual éste recibe el apoyo incondicional del Palacio de Cantera.
Todavía se recuerda la posición incómoda en la que el alcalde ha dejado al gobernador por irse a cuanto paseo internacional se le ha ocurrido, pese a los exhortos de éste último a obrar con moderación y prudencia. A Fernando Canales no le ha quedado otra que ufanarse de una supuesta “real división de poderes” que él habría implantado en Nuevo León, cuando la verdad es que ha tenido grandes dificultades para imponer líneas mínimas de conducción política ni siquiera entre sus correligionarios.
Así no se extraña que el Secretario General de Gobierno deba hacer mutis por la deplorable calidad del trazo urbano de una importante vialidad, como lo es el paso a desnivel Venustiano Carranza, aduciendo que la pobreza del diseño y lo inadecuado de la criticada solución a esa obra de infraestructura, obedecen a factores económicos, cuando por otra parte el munícipe regiomontano se da vuelo desmintiendo las penurias de la administración estatal con un derroche de millones en ¡palmeras de ornato! para el talud de un tramo de la avenida Constitución.
¿Para qué sirve entonces el cuestionado convenio de coordinación municipal que en su momento tuvo que ser impuesto a rajatabla por las autoridades estatales a despecho del rechazo incipiente que ofrecieron todos los alcaldes del área metropolitana a ese instrumento, que por lo visto no tiene entre sus virtudes coordinar y vigilar la congruencia en el gasto de las partidas federales y estatales que se asignan a los municipios?
En el ámbito político la más reciente sorpresa ha sido mayúscula, a partir de una ya muy comentada resolución del Tribunal Federal Electoral, en el sentido de caucionar sobre el arraigo territorial que deben llenar como requisito los candidatos a las alcadías. Luego del laudo referido, el sector panista de la clase política de la entidad que ya se hallaba presto a competir electoralmente con amarres prefigurados en torno a algunas figuras relevantes que ya habían más o menos desbrozado el camino en torno a sus candidaturas, ha debido verse a sí misma limitada a un escueto puñado de opciones sin alternativa.
La debilidad de las candidaturas restantes que sí podrán pasar la prueba del requisito domiciliario pone de relevancia la escasa o nula previsión que el instituto polìtico panista de la entidad tuvo sobre la cantera de candidatos posibles una vez que llegó al poder. Sin ser ésta, estrictamente hablando, una responsabilidad adjudicable al gobernador como tal, si está claro que en un sentido político más amplio, en tanto cabeza política del grupo panista nuevoleonés, Canales Clariond y su equipo descuidaron enormemente esos flancos, al grado que en algunos casos, pudiesen colarse hasta personajes encontrados con “la cúpula” como se le denomina a su equipo “compacto”.
De manera que luego de tener evidentes cartas fuertes para la renovación de alcaldías en el área metropolitana de Monterrey, el panorama sucesorio hace entrever que aquel que un día fue un mapa de la entidad casi por completo teñido de azul, pueda cambiar su composición por la inclusión de otras fuerzas políticas que capitalicen para sí la percepción de ineficiencia que ha generado esta clase política en el electorado, por la falta de atingencia que ha mostrado para resolver los problemas más neurálgicos del estado, la aparición de otros nuevos (como la criminalidad del narcotráfico a plena luz del día), y perder el tiempo en peregrinaciones, movilizaciones de la extrema derecha, o en “infiernitos” como andar asustando con “petates de muerto”, cual fue el caso de la fallida separación de la federación y el cierre abortado de casinos y “table dances”. Frutos todos de la improvisación.
