A juzgar por el reciente episodio “Aristegui” de alta resonancia, sí. En México el ejercicio de la libertad de prensa pasa a menudo por la voluntad empresarial que la patrocina (de modo omnímodo, sin tamices ni apelaciones que valgan en un caso dado). Tan reconocido es el axioma que muchos lo ven de lo más natural.
Pero no es una relación laboral aislada de la sociedad, aséptica. En forma escalonada con frecuencia la empresa periodística a su vez, obra así porque es altamente dependiente (y obsecuente) con otro patrón: el régimen político que a menudo la influye y determina con publicidad gubernamental, utilizando los recursos públicos (en una relación cómplice y corrupta) como premio o castigo según lo que publique el periodista, a favor o en contra del poder en turno. Entonces se desinforma a la sociedad por lucro empresarial.
Si el periodismo no es labor de aduladores sino de uno de los más poderosos recursos para develar y acotar las entrañas del poder político con que cuentan las sociedades democráticas, a menudo su ejercicio incomodará los intereses espurios que tratarán de acallarlo.
Se precisa tomar en cuenta lo anterior para no simplificar “entre particulares” la relación del periodista y la del empresario que le publica lo que escribe (o por extensión lo que el periodista radiodifunde o televisa). En todas sus modalidades, pero particularmente en estas últimas, se explota de manera regulada constitucionalmente una concesión de un bien público y el Estado mexicano debe salvaguardar derechos constitucionales humanos, de libertad de prensa, de derecho a la información y de las audiencias, amén de los contenidos en la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Tan lejos está de la realidad la salvaguarda de estos derechos, que en el caso del despido de MVS de Carmen Aristegui, han menudeado colegas de oficio que en la línea obrero-patronal prescriben que ella misma “pudo haber evitado su despido”. Uno hasta sugirió que con humildad podía haber pedido perdón. Y no faltó aquel que meses atrás describía sus “engañifas de baja calaña” y hoy lamenta con sorna mal disimulada que una de las mejores periodistas del país hace falta a la competencia radiofónica matutina, cosa que difícilmente se podría decir de él mismo.
¿Qué fue aquello por lo que Aristegui pudo pedir perdón? La empresa que la corrió hizo saber en spots propios y en descomunales desplegados en la prensa nacional, de forma dramática y desproporcionada, que había incurrido en “abuso de confianza” y uso indebido de la marca MVS.
El zafio Vicente Fox, metiche, agregó: “Aristegui sólo buscaba prietitos en el arroz para ganar audiencia” (pues debieron haber sido muchos –entre ellos el conflicto de intereses en la Casita blanca– y muy valorados por la sociedad que se volcó en indignación creciente a su favor).
Mas contrario a un sinnúmero de periodistas que lo dan por cierto, no hubo tal uso no autorizado de la marca. Aristegui contaba con un contrato sui géneris pocas veces visto: “…MVS no tiene injerencia editorial en la periodista Carmen Aristegui. Los límites de su libertad se encuentran en la ley” (Joaquín Vargas dixit agosto 2012).
